Un análisis sobre transparencia y formalización para la política pública en Argentina
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Insight LAC · Informe 2026
Seguir leyendoEl contrabando y el comercio ilícito ganaron peso en la agenda pública durante 2025 y 2026, con estimaciones sectoriales que muestran un fuerte aumento en categorías como celulares, una creciente preocupación de las cámaras empresarias por la competencia desleal y proyectos de ley sobre la responsabilidad de los intermediarios. Este informe analiza qué rol pueden cumplir esas plataformas y reconoce que algunos factores macroeconómicos, como la flexibilización cambiaria y la apreciación del peso, ampliaron la brecha de precios con otros mercados, pero se concentra en las oportunidades que ofrece el canal digital para transparentar las transacciones y contribuir a reducir el contrabando.
Parte 1 · Mercado
34billones de pesos
Facturación del comercio electrónico en 2025Fuente: 1
9%
Crecimiento real de la facturación en 2025Fuente: 2
1,3millones de personas
Nuevos compradores online en 2025Fuente: 3
25millones de personas
Compradores online en 2025Fuente: 4
En 2025, el comercio electrónico argentino facturó 34.033.238 millones de pesos, con un crecimiento real cercano al 9%, y sumó 1,3 millones de nuevos compradores hasta alcanzar una base de 25 millones de personas. El canal creció mientras el comercio físico se contrajo, absorbiendo cuota de mercado en un año de retracción del consumo general. Ese dinamismo ocurrió sobre un ecosistema heterogéneo que incluye marketplaces de terceros, plataformas de tienda propia y canales conversacionales como Instagram y WhatsApp, cada uno con capacidades muy distintas de registro e información fiscalmente utilizable. Entender esa heterogeneidad es condición necesaria para evaluar el rol de cada actor en la economía.
Parte 2 · Informalidad
Con una evasión en el IVA del comercio que sigue siendo una de las más altas entre las actividades económicas medidas, Argentina enfrenta un problema estructural que los ciclos de crecimiento no logran revertir. La informalidad económica opera en dimensiones analíticamente distintas, la tributaria, la aduanera y los mercados grises y negros, que requieren herramientas de política diferenciadas y que el comercio electrónico afecta de manera desigual. La literatura micro econométrica más robusta disponible demuestra que el factor determinante del cumplimiento tributario no es la voluntad del contribuyente sino la arquitectura informacional del sistema en el que opera: cuando un régimen jurídico exige a un tercero independiente registrar determinada información y reportarla al fisco, se reduce el espacio para sostener declaraciones inconsistentes con esos datos. Algunos marketplaces, según su arquitectura y los servicios que efectivamente prestan, pueden generar registros relevantes para ese propósito. Sin embargo, la generación de información no los convierte automáticamente en sujetos obligados a reportarla, retener impuestos o ejercer funciones de fiscalización: esas obligaciones solo existen cuando una norma aplicable las establece expresamente y dentro de los límites definidos por ella. Frente al contrabando y los mercados grises, en cambio, las plataformas tienen capacidades sustancialmente más acotadas. El contrabando es un fenómeno aduanero que, en las operaciones domésticas de reventa de bienes previamente importados, puede haberse configurado antes de la intervención de la plataforma, y los mercados grises pueden verse favorecidos por distorsiones de diseño regulatorio —como brechas arancelarias y costos de certificación u homologación— que los sistemas de moderación de publicaciones no pueden resolver por sí solos. Reconocer esa heterogeneidad es la condición necesaria para construir una política pública que aproveche lo que el canal digital efectivamente produce sin atribuirle responsabilidades que no puede cumplir.
Parte 3 · Política pública
El canal digital argentino produce trazabilidad que el Estado ya aprovecha a través de regímenes de información permanentes, retención y percepción de impuestos y mecanismos de cooperación con plataformas. Esta sección analiza ese marco regulatorio, lo ubica en el debate internacional comparado y propone cuatro líneas de política concretas. El argumento central es que el contrabando y los mercados grises no se resuelven extendiendo a las plataformas la responsabilidad objetiva o solidaria por las conductas de terceros. Este enfoque puede desdibujar la distribución de funciones entre los actores, trasladar a intermediarios privados tareas de fiscalización que corresponden primordialmente al Estado, y, generar efectos regresivos sobre los vendedores más pequeños, sin intervenir sobre las condiciones que hacen posible y rentable al comercio irregular. El contrabando es, en su esencia, un fenómeno de control fronterizo e inteligencia aduanera, cuya expansión puede verse favorecida por los incentivos generados por el propio diseño regulatorio (brechas de precios, cargas tributarias asimétricas y barreras de homologación y certificación que encarecen el canal formal). Ambas dimensiones deben atenderse simultáneamente. Para la primera, la prioridad es aprovechar mejor la información que los regímenes existentes ya producen, articulando los datos de plataformas, aduanas y organismos técnicos bajo protocolos de interoperabilidad comunes. Para la segunda, la dirección es reducir los incentivos diferenciales entre regímenes de importación, revisar si los requisitos técnicos están calibrados al riesgo efectivo que buscan mitigar y promover la convergencia regional de estándares en las categorías de mayor incidencia de comercio irregular.
El canal creció mientras el comercio físico se contrajo, absorbiendo cuota de mercado en un año de retracción del consumo general.
Argentina, Chile y México ya muestran una penetración cercana a la de España o Australia.
| País | E-commerce / ventas minoristas (%) | Año |
|---|---|---|
| Países Bajos | 32,86 | 2024 |
| República Checa | 30,36 | 2024 |
| Reino Unido | 27,2 | 2024 |
| Dinamarca | 23,88 | 2024 |
| Estados Unidos | 19,6 | 2024 |
| Alemania | 17,6 | 2024 |
| Argentina | 13,82 | 2023 |
| Chile | 12,3 | 2024 |
| México | 12,02 | 2023 |
| España | 11,69 | 2024 |
| Australia | 11,4 | 2024 |
| Francia | 10,34 | 2024 |
| Italia | 10,01 | 2024 |
| Canadá | 6 | 2024 |
| Colombia | 5,38 | 2020 |
| Luxemburgo | 1,42 | 2024 |
Fuente: UNCTAD, Banco Central de Chile, INDEC, ARCA y CACE, Contrabando: el rol del Estado y de las plataformas de e-commerce, 2026
Fuente: UNCTAD, Banco Central de Chile, INDEC, ARCA y CACE, Contrabando: el rol del Estado y de las plataformas de e-commerce, 2026
Nota: la estimación realizada para Argentina tiende a sobreestimar la penetración del canal digital en las ventas minoristas. Se construyó a partir de la relevancia del canal minorista sobre el comercio total y de las ventas registradas por la AFIP en 2023. Es decir, queda por fuera del cálculo el comercio informal en puestos físicos. Para más detalle ver nota metodológica del Anexo. Ver la metodología completa
En pesos corrientes, la facturación solo sube. En pesos constantes aparecen la caída de 2024 y la recuperación de 2025.
| Año | Corrientes (millones de pesos) | Constantes (millones de pesos) |
|---|---|---|
| 2016 | 102.700 | 13.480.988,413 |
| 2017 | 156.300 | 16.342.011,897 |
| 2018 | 229.760 | 17.889.136,495 |
| 2019 | 403.278 | 20.426.223,48 |
| 2020 | 905.143 | 32.293.231,274 |
| 2021 | 1.520.000 | 36.559.946,865 |
| 2022 | 2.846.000 | 39.723.836,026 |
| 2023 | 7.829.000 | 46.837.502,662 |
| 2024 | 22.025.462 | 41.218.038,174 |
| 2025 | 34.033.238 | 44.886.042,436 |
Fuente: CACE (series anuales; valor 2025 según Estudio Anual definitivo, marzo de 2026) e INDEC, Contrabando: el rol del Estado y de las plataformas de e-commerce, 2026
Fuente: CACE (series anuales; valor 2025 según Estudio Anual definitivo, marzo de 2026) e INDEC, Contrabando: el rol del Estado y de las plataformas de e-commerce, 2026
Nota: valores en millones de pesos. Pesos constantes de junio de 2026, deflactados con el IPC de INDEC (promedio anual).
Tras desacelerarse al 16% en 2023 y al 3% en 2024, las unidades vendidas crecieron 28% en 2025 y llegaron a 645 millones.
| Año | Unidades vendidas (millones) | Variación interanual (%) |
|---|---|---|
| 2016 | 75 | Sin dato |
| 2017 | 96 | 28 |
| 2018 | 120 | 25 |
| 2019 | 146 | 21,667 |
| 2020 | 251 | 71,918 |
| 2021 | 381 | 51,793 |
| 2022 | 422 | 10,761 |
| 2023 | 489 | 15,877 |
| 2024 | 504 | 3,067 |
| 2025 | 645 | 27,976 |
Fuente: CACE, series anuales, Contrabando: el rol del Estado y de las plataformas de e-commerce, 2026
Fuente: CACE, series anuales, Contrabando: el rol del Estado y de las plataformas de e-commerce, 2026
Las billeteras digitales le ganan terreno al efectivo en ambos canales.
| Medio de pago | 2019 · Comercio electrónico | 2019 · Punto de venta físico | 2024 · Comercio electrónico | 2024 · Punto de venta físico | 2030 (proy.) · Comercio electrónico | 2030 (proy.) · Punto de venta físico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billeteras digitales | 20 % | 4 % | 34 % | 25 % | 48 % | 39 % |
| Transferencias (A2A) | 8 % | Sin dato | 14 % | 8 % | 19 % | 17 % |
| BNPL / financiación | 0,5 % | Sin dato | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| Criptomonedas | 0,5 % | Sin dato | 1 % | Sin dato | 2 % | Sin dato |
| Tarjetas de crédito | 47 % | 28 % | 27 % | 20 % | 18 % | 15 % |
| Débito y prepago | 10 % | 14 % | 19 % | 21 % | 12 % | 13 % |
| Efectivo | 16 % | 54 % | 4 % | 25 % | 1 % | 16 % |
Fuente: Worldpay, The Global Payments Report 2025, Contrabando: el rol del Estado y de las plataformas de e-commerce, 2026
Fuente: Worldpay, The Global Payments Report 2025, Contrabando: el rol del Estado y de las plataformas de e-commerce, 2026
Nota: participación en el valor transaccionado. 2030 es una proyección de Worldpay. "s/d": sin dato informado por la fuente. En BNPL y criptomonedas 2019 la fuente informa "menos de 1%" (se carga 0,5%). En e-commerce, "Efectivo" incluye pago contra entrega, prepago y pospago (ej. Rapipago, Pago Fácil). Los totales pueden no sumar 100% por redondeo. Los datos de 2019 coinciden con The Global Payments Report 2020, pág. 49.
Temu y Shein aparecen en el primer semestre de 2025, mientras AliExpress y Amazon pierden participación y Mercado Libre sigue a la cabeza.
| Plataforma | 2024 (%) | 2025 (1er semestre) (%) |
|---|---|---|
| Mercado Libre | 37 | 33 |
| AliExpress / Alibaba | 33 | 15 |
| Amazon | 32 | 13 |
| Temu | No relevada | 10 |
| Shein | No relevada | 8 |
| Tiendamia | 13 | 5 |
Fuente: CACE, fase de demanda (Informe Anual 2024 y Reporte MID 1er semestre 2025), Contrabando: el rol del Estado y de las plataformas de e-commerce, 2026
Fuente: CACE, fase de demanda (Informe Anual 2024 y Reporte MID 1er semestre 2025), Contrabando: el rol del Estado y de las plataformas de e-commerce, 2026
Nota: porcentaje de compradores en el exterior que utilizó cada plataforma (respuesta múltiple). "–": plataforma no relevada en ese período.
La informalidad económica opera en dimensiones analíticamente distintas, la tributaria, la aduanera y los mercados grises y negros, que requieren herramientas de política diferenciadas y que el comercio electrónico afecta de manera desigual.
La informalidad básicamente consiste en un conjunto de actividades generadoras de ingreso pero no reguladas por el Estado. Sin embargo, todos los actores perciben consecuencias negativas de esta problemática.
Tres dimensiones analíticamente independientes que en la práctica se superponen. Los números marcan las superposiciones que enuncia el informe; tocá cada dimensión para ver sus categorías y qué legislación las alcanza.
Relaciones en el diagrama
En qué consiste
Incumplimiento de obligaciones de inscripción, facturación o declaración: la unidad económica no se encuentra inscripta en el régimen tributario correspondiente a su actividad, permanece en una categoría que no refleja su nivel de operaciones o incumple sus obligaciones de facturación y declaración.
Legislaciones (no taxativas) que incluyen requerimientos de formalidad
Ley 11.683 de Procedimiento Tributario (obligaciones de inscripción y declaración ante ARCA), la Ley 24.977 del Régimen de Monotributo, normas del Régimen General de IVA y Ganancias, posiblemente Ley General de Sociedades 19.550
Nivel en Argentina
La evasión de IVA pasó del 60% de la recaudación potencial en 2017 al 42% en 2023. Fuente: Centro de Estudios Tributarios, Universidad Austral, 2025.
Relaciones en el diagrama
Contrabando (delito aduanero)
En qué consiste
Ingreso o egreso de mercaderías mediante ardid o engaño que impide o dificulta el control del servicio aduanero: ocultamiento, uso de pasos no habilitados, documentación falsa u otras maniobras destinadas a eludir tributos, prohibiciones o restricciones. Lo que define al contrabando es la intención de burlar el control, no el tipo de producto: puede involucrar productos genuinos o falsificados, permitidos o prohibidos. Cuando el valor de la mercadería no supera el umbral fijado por la ley, la conducta se trata como contrabando menor y se sanciona como infracción administrativa, no como delito.
Legislaciones (no taxativas) que incluyen requerimientos de formalidad
Código Aduanero, Ley 22.415, artículos 863 a 876 (delito de contrabando) y artículo 947 (contrabando menor)
Infracciones aduaneras (irregularidad aduanera)
En qué consiste
Incumplimiento de obligaciones aduaneras sin el ardid o engaño que caracteriza al contrabando. Incluye declaraciones inexactas sobre la cantidad, calidad, valor, origen o clasificación arancelaria de la mercadería, el incumplimiento de las condiciones de regímenes como la importación temporaria y la transgresión de obligaciones formales. La subfacturación, por ejemplo, suele encuadrarse como declaración inexacta. Puede derivar de error, negligencia o de una conducta deliberada que no llega a configurar contrabando, y se sanciona en sede administrativa, principalmente con multas. Todo contrabando es una irregularidad aduanera, pero no toda irregularidad aduanera es contrabando.
Legislaciones (no taxativas) que incluyen requerimientos de formalidad
Código Aduanero, Ley 22.415, Sección XII, Título II (infracciones aduaneras), entre ellas la declaración inexacta (artículo 954)
Nivel en Argentina
El comercio ilegal representa el 5,06% del PBI argentino. Fuente: ASIPI, 2025.
Relaciones en el diagrama
Artículos prohibidos o de comercialización restringida (mercado negro)
En qué consiste
Bienes cuya producción, importación, tenencia, distribución o comercialización está prohibida, o sujeta a un régimen especial de control por razones de seguridad, salud u orden público. La ilegalidad deriva de una prohibición o restricción sobre el producto en sí, y no del canal a través del cual se vende ni de la situación tributaria del vendedor. Dependiendo del producto, la prohibición puede ser absoluta —el bien no puede comercializarse, como los estupefacientes— o relativa —solo puede comercializarse con autorizaciones específicas y por circuitos habilitados, como las armas o los medicamentos de venta bajo receta—. Los bienes lícitos que no cumplen requisitos técnicos o regulatorios generales, como homologaciones o certificaciones, no integran esta categoría.
Legislaciones (no taxativas) que incluyen requerimientos de formalidad
Código Penal; Ley 23.737 de estupefacientes; Ley 20.429 de armas y explosivos; Ley 16.463 de medicamentos, según corresponda
Productos falsificados (mercado negro)
En qué consiste
Bienes que reproducen, imitan o utilizan sin autorización marcas, signos distintivos, diseños u otros elementos protegidos por derechos de propiedad intelectual, de manera que se presentan o pueden ser percibidos como productos originales o vinculados con su titular legítimo. A diferencia de los artículos prohibidos, el tipo de producto puede ser perfectamente lícito: la ilegalidad deriva de la falsificación, del uso no autorizado de derechos de terceros o de la falsa representación sobre el origen o autenticidad del bien.
Legislaciones (no taxativas) que incluyen requerimientos de formalidad
Ley de Marcas 22.362
Ley 11.723 de Propiedad Intelectual y Decreto-Ley 6673/63 de Modelos y Diseños Industriales, según corresponda
Comercialización de productos genuinos fuera de las redes oficiales de distribución (mercado gris en sentido estricto)
En qué consiste
Comercialización de productos genuinos por fuera de las redes de distribución oficiales o autorizadas por el fabricante. Lo "gris" reside en el canal de comercialización: el producto es auténtico, pero es vendido por actores que no forman parte de la red oficial de distribución de la marca. Esta dimensión es independiente del cumplimiento tributario, aduanero y regulatorio. Un producto comercializado en el mercado gris puede haber sido importado legalmente, con el pago de los tributos correspondientes, y cumplir con todos los requisitos técnicos o sanitarios exigibles en el mercado local. A su vez, el mercado gris puede superponerse con otras formas de irregularidad. Por ejemplo, un producto genuino comercializado fuera de la red oficial puede haber ingresado mediante contrabando o no contar con la homologación, certificación eléctrica, registro sanitario u otra autorización exigida para su comercialización.
Legislaciones (no taxativas) que incluyen requerimientos de formalidad
No existe una norma pública específica: se rige por acuerdos entre privados (por ejemplo, contratos con distribuidores oficiales)
Comercialización de productos sin habilitación regulatoria (mercado gris en sentido amplio)
En qué consiste
Muchas veces denominados como "mercados grises", comprende la comercialización de productos genuinos y cuya categoría es lícita, pero que no cumplen con uno o más requisitos regulatorios exigidos para su comercialización en el mercado local. Estos requisitos pueden incluir homologaciones técnicas, certificaciones de seguridad o eficiencia energética, registros o autorizaciones sanitarias, etiquetado obligatorio u otras condiciones establecidas por la regulación sectorial. La irregularidad no deriva de la naturaleza del producto ni de una prohibición general de comercializarlo, sino de la falta de cumplimiento de una condición regulatoria necesaria para su comercialización legal. Asimismo, se diferencia del mercado gris en sentido estricto, ya que un producto puede comercializarse fuera de la red oficial del fabricante y cumplir con las exigencias regulatorias locales, o ser vendido por un distribuidor autorizado y, aun así, presentar algún incumplimiento regulatorio.
Legislaciones (no taxativas) que incluyen requerimientos de formalidad
Homologación ante ENACOM: Ley Argentina Digital 27.078 y Resolución 57/2026
Certificación de seguridad eléctrica: Resolución SIC 16/2025
Certificación de seguridad de juguetes: Resoluciones 163/2005 y 313/2025
Certificación de autopartes: Ley 24.449 y Decreto 196/2025
Autorización sanitaria para alimentos, suplementos y cosméticos: Ley 18.284 (Código Alimentario Argentino) y normativa ANMAT
Nivel en Argentina
El informe no da un nivel para esta dimensión.
Registrada, pero en un mercado gris. Una unidad productiva puede estar registrada y cumplir con sus obligaciones tributarias, pero comercializar productos por fuera de la red de distribución autorizada por el fabricante, operando en el denominado mercado gris.
Del contrabando al mercado gris. …un bien que ingresó de contrabando puede ser posteriormente comercializado a través de canales de distribución no oficiales (mercado gris).
Mercado gris sin contrabando. …un producto genuino y lícito, puede ser comercializado a través de un mercado gris sin haber violado ninguna norma aduanera en su ingreso.
Fuente: Insight LAC, elaboración propia (Tabla 1), Contrabando: el rol del Estado y de las plataformas de e-commerce, 2026
Fuente: ASIPI, Estudio sobre el impacto de la falsificación y el contrabando en el desarrollo económico y social de América Latina, 2025
Lo que define al contrabando es la intención de burlar el control, no el tipo de producto: puede involucrar productos genuinos o falsificados, permitidos o prohibidos.
La estimación de ASIPI sobre falsificación y contrabando, a escala: cada cuadrado es el 1% del PBI argentino.
Comercio ilegal5,06%del PBI argentino
Cada cuadrado es el 1% del PBI
Con impacto documentado en sectores como indumentaria, electrónica y tabaco.
Estimación de ASIPI (2025) sobre falsificación y contrabando. El informe no indica el año al que corresponde.
Cuando un régimen jurídico exige a un tercero independiente registrar determinada información y reportarla al fisco, se reduce el espacio para sostener declaraciones inconsistentes con esos datos.
A diferencia de una operación realizada íntegramente en efectivo o en un canal no registrado, algunas plataformas conservan datos sobre las actividades desarrolladas dentro de sus sistemas, cuyo alcance depende de su arquitectura y de los servicios efectivamente prestados.
Seis estudios sobre el rol de los intermediarios en el cumplimiento fiscal de terceros: cinco experimentos en países concretos y una encuesta regional, la única que mide el efecto directo de las plataformas de comercio electrónico.
Resultado principal
La tasa de evasión para ingresos sujetos a reporte de un tercero independiente es cercana a cero.
Para ingresos autodeclarados es sustancialmente mayor. La diferencia no depende de preferencias éticas del contribuyente sino de la arquitectura informacional del sistema: cuando existe un tercero que reporta, el contribuyente no puede sostener una declaración inconsistente sin quedar automáticamente expuesto.
Resultado principal
El rastro documental que las empresas se exigen entre sí para computar créditos fiscales genera efectos de cumplimiento en cadena.
El efecto se debilita en el último eslabón (venta al consumidor final) porque el comprador no tiene incentivo directo a exigir la factura, lo que crea un quiebre estructural de trazabilidad en esa etapa.
Resultado principal
Los países con capacidad de fiscalización débil utilizan esquemas de tributación sobre facturación en lugar de sobre ganancias precisamente para poder apalancarse en el reporte de terceros, observable y verificable incluso cuando las utilidades netas no lo son.
El mecanismo de trazabilidad sustituye parcialmente la capacidad de auditoría directa.
Resultado principal
Convertir al consumidor final en verificador voluntario de la transacción produjo un aumento de al menos 21% en el ingreso reportado por las firmas.
El mecanismo complementa el reporte de terceros al cerrar el quiebre en el eslabón final de la cadena identificado por Pomeranz.
Resultado principal
La incorporación al canal digital aumenta el incentivo de las firmas a registrarse formalmente, al incrementar su visibilidad ante las autoridades tributarias.
Las firmas que llevan más tiempo en la plataforma muestran mayores probabilidades de experimentar ese impacto, lo que sugiere que la formalización asociada al canal digital es un proceso acumulativo. Es uno de los estudios identificados en esta revisión que mide directamente el efecto de las plataformas de e-commerce sobre la formalización de vendedores informales.
Fuente: Insight LAC, elaboración propia (Tabla 2), Contrabando: el rol del Estado y de las plataformas de e-commerce, 2026
En conjunto, estos estudios muestran que el diseño regulatorio y la estructura de incentivos constituyen dimensiones relevantes para explicar el comercio irregular, aunque no agotan un fenómeno en el que también intervienen factores institucionales, logísticos y criminales.
Cada cifra mide algo distinto —participación, brecha de precio, carga tributaria, canal de venta—, así que cada una va en su propio panel, con su unidad y su fuente.
Participación del contrabando en el mercado de celulares
Del 7% al 35%
Estas cifras, difundidas mediante una publicación periodística sin acceso público al informe completo ni a su metodología, deben interpretarse como estimaciones del sector y no como estadísticas oficiales o independientes.
7%: 2023 · 35%: 2025 · AFARTE, citado en La Nación, 2025
Brecha de precios entre el canal formal y el irregular, en modelos de alta gama
Entre 30% y 40%
Estas cifras, difundidas mediante una publicación periodística sin acceso público al informe completo ni a su metodología, deben interpretarse como estimaciones del sector y no como estadísticas oficiales o independientes.
Sin año de referencia en el informe · AFARTE, citado en La Nación, 2025
Celulares del país que ingresaron de forma ilegal
Un tercio
Sin año de referencia en el informe · La Nación y El País, 2026
Precio de los cigarrillos en Argentina frente a Paraguay
Hasta 3 veces más caros
Sin año de referencia en el informe · ASIPI, 2025
Impuestos sobre el precio final de los cigarrillos
Cerca del 80%
Sin año de referencia en el informe · ASIPI, 2025
Venta de indumentaria por los mercados de Flores, La Salada, locales minoristas, ferias y vendedores ambulantes, entre otros
83%
No es contrabando: son canales de venta, «la mayor parte de ellos no alcanzados por la digitalización de los medios de pago, por fuera de cualquier marco trazable».
2022 · Fundar (Ludmer, Schuffer, Schteingart e Isaak), 2023
| Categoría | Métrica | Dato | Período | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Celulares | Participación del contrabando en el mercado de celulares | Del 7% al 35% | 7%: 2023 · 35%: 2025 | AFARTE, citado en La Nación, Mercado de celulares en Argentina: estimaciones de contrabando, 2025 |
| Celulares | Brecha de precios entre el canal formal y el irregular, en modelos de alta gama | Entre 30% y 40% | Sin año de referencia en el informe | AFARTE, citado en La Nación, Mercado de celulares en Argentina: estimaciones de contrabando, 2025 |
| Celulares | Celulares del país que ingresaron de forma ilegal | Un tercio | Sin año de referencia en el informe | La Nación y El País, notas del 31 de mayo y del 4 de julio de 2026, 2026 |
| Tabaco | Precio de los cigarrillos en Argentina frente a Paraguay | Hasta 3 veces más caros | Sin año de referencia en el informe | ASIPI, Estudio sobre el impacto de la falsificación y el contrabando en el desarrollo económico y social de América Latina, 2025 |
| Tabaco | Impuestos sobre el precio final de los cigarrillos | Cerca del 80% | Sin año de referencia en el informe | ASIPI, Estudio sobre el impacto de la falsificación y el contrabando en el desarrollo económico y social de América Latina, 2025 |
| Indumentaria | Venta de indumentaria por los mercados de Flores, La Salada, locales minoristas, ferias y vendedores ambulantes, entre otros | 83% | 2022 | Fundar (Ludmer, Schuffer, Schteingart e Isaak), La industria textil-indumentaria en la Argentina del siglo XXI, 2023 |
Fuente: AFARTE, citado en La Nación, Mercado de celulares en Argentina: estimaciones de contrabando, 2025
Fuente: La Nación y El País, notas del 31 de mayo y del 4 de julio de 2026, 2026
El comercio electrónico produce trazabilidad como subproducto natural de su funcionamiento.
Toda transacción digital deja rastros en al menos dos capas simultáneas. La primera es la capa de la transacción misma: la interacción entre las partes, sea una publicación, un mensaje, un pago o una confirmación de compra, genera registros que quedan almacenados en los sistemas de la plataforma, del prestador del servicio de pago y, en muchos casos, de la infraestructura de telecomunicaciones que la soporta.
Qué tipo de plataforma media cada venta según quién vende a quién, y cuánto de esa venta queda registrado.
| ¿Quiénes son las partes involucradas? | |||
|---|---|---|---|
| ¿Qué rol cumple la plataforma? | B2BEmpresa → empresa | B2CEmpresa → consumidor | C2CConsumidor → consumidor |
| MarketplaceIntermediario sin posesión del productoTrazabilidad alta | B2BEmpresa → empresa
Trazabilidad
| B2CEmpresa → consumidor
Trazabilidad
| C2CConsumidor → consumidor
segunda mano y subastas Trazabilidad
|
| Tienda propiaInfraestructura para canal propioTrazabilidad media | B2BEmpresa → empresa
Trazabilidad
| B2CEmpresa → consumidor
Trazabilidad
| C2CConsumidor → consumidor
|
| Canal conversacionalRed social o mensajería. Transacción fuera de la plataformaTrazabilidad baja o nula | B2BEmpresa → empresa
Trazabilidad
| B2CEmpresa → consumidor
Trazabilidad
| C2CConsumidor → consumidor
Trazabilidad
|
La diferencia entre el comercio electrónico formal y los canales informales varía según el tipo de actor del ecosistema digital. El punto de partida analíticamente correcto es reconocer qué produce cada arquitectura por diseño, y desde ahí construir los incentivos y las obligaciones que corresponden a cada tipo de actor, sujeto a límites posibles y razonables en cuanto a la información a proporcionar, tecnología disponible y costes de aplicación.
Marketplace
Trazabilidad alta
La trazabilidad de los marketplaces.
Algunas plataformas pueden disponer, según su modelo de negocio, de información sobre la identidad declarada del vendedor, los pedidos realizados, sus montos, fechas y medios de pago. Cuando además intervienen en el procesamiento o la liquidación del pago, pueden reunir las condiciones operativas necesarias para cumplir funciones de recaudación anticipada. No obstante, la capacidad técnica para hacerlo no constituye por sí misma una obligación jurídica. En Argentina, determinados regímenes designan expresamente como agentes de percepción -o sujetos obligados a informar- a ciertos titulares o administradores de plataformas, agrupadores o agregadores y procesadores de pagos.
Tienda propia
Trazabilidad media
La trazabilidad de las plataformas de infraestructura comercial.
Saben quién es el vendedor en tanto cliente de sus servicios de software y registran el tráfico y las operaciones que pasan por su infraestructura. Sin embargo, estos no tienen ningún tipo de posición en la transacción misma. No retienen el pago, no son parte del contrato entre comprador y vendedor y no tienen visibilidad sobre la situación fiscal del comprador. Eso las coloca fuera del alcance de los esquemas de retención tributaria en sentido estricto.
Canal conversacional
Trazabilidad baja o nula
La trazabilidad de los canales conversacionales.
Lo que estas plataformas registran por diseño es la comunicación entre las partes, que puede ir desde una publicación, un mensaje o la coordinación del intercambio, pero no la transacción efectiva, que en muchos casos se ejecuta por fuera de la plataforma mediante transferencia bancaria o efectivo.
En estas plataformas no hay registro del monto transaccionado, no hay identificación fiscal del vendedor como tal ni hay retención posible de impuestos. Lo que existe es un rastro de la interacción que, en el marco de una investigación, puede constituir material probatorio relevante.
Pasajes textuales de la sección 2.4 del informe.
Fuente: Insight LAC, en base a OCDE (2019), UNCTAD, DETL y ECDE (2024), Lin et al. (2017) y Messina (2015), Contrabando: el rol del Estado y de las plataformas de e-commerce, 2026
El canal digital argentino produce trazabilidad que el Estado ya aprovecha a través de regímenes de información permanentes, retención y percepción de impuestos y mecanismos de cooperación con plataformas.
A efectos analíticos, esas respuestas pueden ordenarse en torno a tres esquemas tradicionales: i) la inmunidad o limitación amplia de responsabilidad; ii) la responsabilidad condicionada por el conocimiento efectivo de la ilicitud y la falta de actuación diligente posterior y; iii) la responsabilidad objetiva o solidaria.
Los modelos de responsabilidad de intermediarios que distingue el informe, lado a lado. El detalle de cada uno se despliega debajo.
| Dimensión | Inmunidad o limitación amplia de responsabilidadVer en la línea de tiempo | Responsabilidad basada en el conocimiento efectivoVer en la línea de tiempo | Responsabilidad objetiva o solidariaVer en la línea de tiempo |
|---|---|---|---|
| Qué establece | …ningún proveedor de un servicio interactivo podría ser tratado como editor o emisor de información provista por otro proveedor de contenido. | Este modelo limita la responsabilidad del intermediario por contenidos de terceros mientras no tenga conocimiento efectivo de su ilicitud. | En este esquema, la atribución de responsabilidad no depende de acreditar la culpa o el dolo del sujeto alcanzado… |
| Dónde rige |
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| Situación en Argentina | El informe no lo desarrolla |
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| Dimensión | Inmunidad o limitación amplia de responsabilidad | Responsabilidad basada en el conocimiento efectivo | Responsabilidad objetiva o solidaria |
|---|---|---|---|
| Cuándo responde la plataforma | La jurisprudencia posterior amplió esa inmunidad hasta cubrir prácticamente cualquier reclamación derivada de contenido de terceros, con excepciones acotadas al derecho penal federal, la propiedad intelectual y/o tráfico sexual. | La responsabilidad puede configurarse cuando, una vez adquirido ese conocimiento en las condiciones previstas por el régimen aplicable, el intermediario omite adoptar una actuación diligente. | Sin embargo, existen regímenes sectoriales —especialmente en materia de consumo, seguridad y responsabilidad por productos— que pueden alcanzar a determinados operadores cuando, por las funciones que efectivamente desempeñan, son considerados proveedores. |
| Obligación de monitoreo | El informe no lo desarrolla | El esquema procura favorecer la respuesta frente a contenidos concretos identificados sin imponer una obligación general de supervisión previa sobre la totalidad de las actividades desarrolladas por los usuarios. … A su vez, el artículo 8 dispone que no puede imponerse a los prestadores una obligación general de supervisar la información que transmiten o almacenan ni de realizar búsquedas activas de hechos que indiquen actividades ilícitas. | El informe no lo desarrolla |
| Efectos que señala el informe | Kosseff (2019) lo describe como las 26 palabras que "crearon internet", porque desmontaron el doble estándar de Stratton Oakmont y otorgaron certeza jurídica tanto a la no-intervención como a la moderación activa de buena fe. | La debida diligencia, en cambio, distribuye las obligaciones de control de acuerdo al rol que lleva a cabo cada actor de cada tipo de operación, lo que evita que las plataformas abiertas reaccionen cerrando el acceso a vendedores con menor historial, que son quienes suelen depender del canal digital para integrarse al mercado formal. | En el caso del comercio electrónico, la responsabilidad solidaria general incentiva la reducción del número de vendedores admitidos y el aumento de las barreras de entrada, dado que cada nuevo vendedor incorpora un riesgo legal para la plataforma. |
El régimen de responsabilidad condicionada de los intermediarios.
El derecho comparado muestra una tendencia a diferenciar la responsabilidad propia del intermediario de aquella derivada de los actos realizados por terceros mediante sus servicios. En la Unión Europea, este criterio, inicialmente previsto en la Directiva de Comercio Electrónico de 2000, se encuentra actualmente regulado por el Reglamento de Servicios Digitales —Digital Services Act—, que mantiene un régimen de limitación condicionada de responsabilidad y la prohibición de imponer obligaciones generales de supervisión, al tiempo que incorpora deberes específicos de diligencia, trazabilidad y cooperación. En Argentina, la Corte Suprema sostuvo en Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. que la responsabilidad de los motores de búsqueda por contenidos de terceros es de naturaleza subjetiva y puede configurarse cuando el intermediario adquiere conocimiento efectivo de la ilicitud de un contenido específicamente identificado y no actúa posteriormente con la diligencia correspondiente. Debido al objeto particular de ese precedente, su doctrina no debería trasladarse automáticamente a todas las plataformas de comercio electrónico ni a las obligaciones aduaneras de sus usuarios.
En consecuencia, la atribución de responsabilidad a los intermediarios debería examinarse según la función efectivamente desempeñada, su grado de intervención, el conocimiento de la irregularidad y su capacidad concreta para prevenirla o remediarla.
Fuente: Insight LAC, sección 3.1, Contrabando: el rol del Estado y de las plataformas de e-commerce, 2026
La responsabilidad de los intermediarios digitales constituye una aplicación de los principios generales del derecho de daños a un entorno en el que un actor puede organizar o facilitar intercambios entre terceros sin ser necesariamente el autor del contenido, el vendedor del producto o una de las partes de la operación.
Cómo respondieron distintas jurisdicciones a la pregunta de quién responde por lo que se vende o publica en una plataforma. Los hitos huecos son proyectos que no prosperaron o que siguen en trámite.
Hueco: no prosperó o en trámite
CompuServe, asimilada a una biblioteca pasiva
EE.UU. · Antecedente
Fallo
…CompuServe, asimilada en 1991 a una biblioteca pasiva y por eso eximida.
Stratton Oakmont, Inc. v. Prodigy Services Co.
EE.UU. · Antecedente
Fallo
El antecedente inmediato fue el fallo Stratton Oakmont, Inc. v. Prodigy Services Co. (N.Y. Sup. Ct., 1995), que determinó que Prodigy, al ejercer control editorial sobre sus tablones de mensajes, debía ser tratada como publisher y asumir responsabilidad plena por publicaciones difamatorias de terceros (distinguiéndose de CompuServe, asimilada en 1991 a una biblioteca pasiva y por eso eximida).
Communications Decency Act, artículo 230
EE.UU. · Inmunidad o limitación amplia de responsabilidad
Vigente
El Congreso estadounidense respondió con la Communications Decency Act de 1996, cuyo artículo 230 estableció que ningún proveedor de un servicio interactivo podría ser tratado como editor o emisor de información provista por otro proveedor de contenido.
Directiva de Comercio Electrónico (2000/31/CE)
Unión Europea · Responsabilidad basada en el conocimiento efectivo
Reformulado
La formulación inicial de este esquema en el derecho europeo se encontraba en la Directiva de Comercio Electrónico de 2000 (Directiva 2000/31/CE) y actualmente se regula mediante el Reglamento de Servicios Digitales (Digital Services Act).
Ley N° 20.435
Chile · Responsabilidad basada en el conocimiento efectivo
Vigente
En Chile, la Ley N° 20.435 de 2010, que modificó la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual, introdujo un régimen de puerto seguro para prestadores de servicios de internet en materia de derechos de autor. Este régimen delimita su responsabilidad y establece condiciones específicas para su aplicación, entre ellas la actuación diligente frente a las comunicaciones y órdenes previstas judicialmente.
Ley N° 4.868 de Comercio Electrónico
Paraguay · Responsabilidad basada en el conocimiento efectivo
Vigente
En Paraguay, la Ley N° 4.868 de Comercio Electrónico de 2013 estableció un régimen de limitación de responsabilidad para los prestadores de servicios de intermediación, sujeto a las condiciones y procedimientos previstos en la propia legislación.
Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. (CSJN)
Argentina · Responsabilidad basada en el conocimiento efectivo
Fallo
En Rodríguez, María Belén c/ Google Inc. s/ daños y perjuicios, la Corte Suprema descartó la aplicación de un factor objetivo de responsabilidad a los motores de búsqueda y sostuvo que estos no tienen una obligación general de monitorear, supervisar o vigilar los contenidos creados y publicados por terceros. Según el fallo, la responsabilidad subjetiva puede configurarse cuando el buscador adquiere conocimiento efectivo de la ilicitud de un contenido específicamente identificado y, pese a ello, omite adoptar con diligencia las medidas necesarias para corregir o hacer cesar la situación lesiva.
Media sanción en el Senado
Argentina · Responsabilidad basada en el conocimiento efectivo
No prosperó
En octubre de 2016, el Senado otorgó media sanción a un proyecto surgido del tratamiento conjunto de los expedientes S-1865/15 y S-942/16, que contemplaba una limitación de responsabilidad para los intermediarios tecnológicos y descartaba una obligación general de monitoreo. Si bien obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados en 2017, la iniciativa no completó el trámite legislativo y perdió estado parlamentario. En diciembre de 2016, se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa diferente, el Expediente 5771-D-2016, que proponía un sistema híbrido de notificación privada para contenidos notoriamente ilícitos y orden judicial para los demás, y que tampoco se convirtió en ley.
Digital Services Act (Reglamento UE 2022/2065)
Unión Europea · Responsabilidad basada en el conocimiento efectivo
Vigente
El artículo 6 de este Reglamento establece una limitación condicionada de responsabilidad para los servicios de alojamiento de datos cuando el prestador no tenga conocimiento efectivo de la actividad o del contenido ilícito o, una vez adquirido ese conocimiento, actúe con prontitud para retirarlo o impedir el acceso. A su vez, el artículo 8 dispone que no puede imponerse a los prestadores una obligación general de supervisar la información que transmiten o almacenan ni de realizar búsquedas activas de hechos que indiquen actividades ilícitas.
Directiva (UE) 2024/2853 sobre responsabilidad por productos defectuosos
Unión Europea · Responsabilidad objetiva o solidaria
Vigente
En la Unión Europea, la Directiva (UE) 2024/2853 sobre responsabilidad por productos defectuosos contempla, bajo condiciones específicas, la posible responsabilidad de proveedores de plataformas en línea cuando no pueda identificarse a un operador económico establecido en la Unión y se cumplan los presupuestos previstos por la propia Directiva y por el Reglamento de Servicios Digitales.
Proyecto de Ley 2818-D-2025
Argentina · Responsabilidad basada en el conocimiento efectivo
En trámite
Más recientemente, en mayo de 2025, se presentó en la Cámara de Diputados, el Proyecto de Ley 2818-D-2025, que retoma como antecedente este último proyecto y propone regular la responsabilidad de los intermediarios por contenidos ilícitos generados por terceros. La iniciativa establece la ausencia de una obligación general de supervisión, vincula la responsabilidad con la adquisición de conocimiento efectivo y la falta de una actuación diligente posterior, y dispone que la adopción voluntaria de herramientas preventivas de moderación no debería privar al intermediario del régimen de limitación de responsabilidad. A octubre de 2026, este proyecto permanece en trámite y no constituye derecho vigente.
Proyecto de Ley 7089-D-2025
Argentina · Responsabilidad objetiva o solidaria
En trámite
…en Argentina, en enero de 2026, se presentó en la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley 7089-D-2025, orientado a actualizar la protección de los consumidores en el comercio electrónico y a reforzar el control sobre la comercialización de bienes importados. La iniciativa comparte objetivos que este informe considera relevantes, como la trazabilidad de los vendedores y el control del origen de los bienes importados. Sin embargo, prevé la responsabilidad solidaria de las plataformas con el proveedor frente al consumidor, así como en relación con determinadas infracciones aduaneras y con los tributos de importación no ingresados, con la posibilidad de eximirse sólo si acreditan el cumplimiento de varias obligaciones, que exceden las capacidades de verificación propias de un intermediario y trasladan a las plataformas funciones de control que corresponden a los organismos estatales.
Fuente: Insight LAC, sección 3.1, Contrabando: el rol del Estado y de las plataformas de e-commerce, 2026
Estos mecanismos no asignan responsabilidad por los actos de terceros, sino que aprovechan la capacidad estructural del comercio digital para generar información verificable sobre las transacciones que intermedian.
Es la dirección que están tomando los marcos regulatorios más avanzados a nivel internacional, desde el DSA europeo a las reglas modelo de la OCDE para plataformas digitales, y que Argentina viene construyendo de manera incremental desde 2018.
Doce normas que regulan cobros, pagos e información fiscal del canal digital, y cómo unas derogan o modifican a otras. Enfocá una norma para ver con cuáles se relaciona.
RG 140/1998
AFIP · Pagos (retención)
Derogada desde sept 2024
Procesadores de pagos con tarjeta. Retención de IVA sobre las liquidaciones efectuadas a comerciantes por cobros con tarjeta de crédito, débito o compra.
Relaciones
RG 3685/2014
AFIP · Fiscal (información)
Vigente, modificada
Responsables inscriptos en IVA. Reporte mensual de compras y ventas. El Título I fue dejado sin efecto para los sujetos incorporados al Libro de IVA Digital, conforme al cronograma aplicable.
RG 4011-E/2017
AFIP · Pagos (retención)
Derogada desde sept 2024
Procesadores de pagos con tarjeta. Retención de Ganancias sobre las liquidaciones efectuadas a comerciantes por cobros con tarjeta de crédito, débito o compra.
Relaciones
RG 4240/2018
AFIP · Fiscal (percepción)
Vigente
Intermediarios de pago al exterior. Percepción de IVA sobre servicios digitales prestados por proveedores del exterior a usuarios en Argentina.
RG 4614/2019 — Título I
AFIP · Pagos (información)
Vigente
Agrupadores y agregadores de medios de pago. Reporte mensual a ARCA: CUIT, rubro, CBU/CVU, monto total de operaciones y comisiones por cada vendedor adherido.
RG 4614/2019 — Título II
AFIP · Pagos (información)
Vigente, modificada
Administradores de cuentas virtuales y billeteras (PSP). Reporte mensual a ARCA: nómina de cuentas, ingresos, egresos y saldos de usuarios que superen los umbrales vigentes.
Relaciones
RG 4622/2019
AFIP · Pagos (retención)
Derogada desde sept 2024
Administradores de servicios electrónicos de pagos y cobranzas. Retención de IVA y Ganancias sobre las liquidaciones efectuadas a vendedores en plataformas digitales.
Relaciones
Comunicación A 7769/2023
BCRA · Infraestructura (interoperabilidad)
VigenteDesde feb 2024
Adquirentes, agregadores y billeteras digitales. Todo QR que acepte tarjeta de crédito debe admitir pago desde cualquier billetera digital interoperable registrada, con independencia de su marca.
RG 5319/2023
AFIP · Fiscal (percepción)
Vigente, modificada
Titulares y administradores de plataformas digitales (marketplace). Percepción de IVA con alícuotas diferenciales (1%–8%) según condición tributaria del vendedor; consulta al padrón ARCA con validez de 30 días corridos.
Relaciones
RG 5554/2024
ARCA (ex AFIP) · Pagos (derogación)
VigenteDesde sept 2024
Deroga las RG 140/1998, 4011/2017 y 4622/2019. Elimina los regímenes de retención de IVA y Ganancias sobre cobros electrónicos a partir del 1° de septiembre de 2024.
RG 5794/2025
ARCA (ex AFIP) · Fiscal (percepción)
VigenteDesde dic 2025
Titulares y administradores de plataformas digitales (marketplace). Actualiza los umbrales de habitualidad para sujetos no categorizados: 10 o más operaciones mensuales por un monto igual o superior a $750.000 o 4 o más operaciones mensuales en cada mes de un cuatrimestre con monto acumulado ≥ $750.000.
Relaciones
RG 5804/2025
ARCA (ex AFIP) · Pagos (información)
VigenteDesde may 2026
Administradores de cuentas virtuales, billeteras y PSP que ofrecen cuentas de pago. Amplía y desagrega la información requerida bajo el Título II de la RG 4614; incorpora expresamente a los PSP con cuentas de pago.
Relaciones
Fuente: Insight LAC, elaboración propia (Tabla 3), Contrabando: el rol del Estado y de las plataformas de e-commerce, 2026
A diferencia de los dos planos anteriores, los mecanismos de cooperación se activan ante denuncias o causas judiciales y su alcance depende de la voluntad de las partes más que de una obligación normativa continua.
Qué produce la cooperación entre plataformas y organismos públicos. Cada cifra dice de qué período y de qué alcance es: no se suman ni se comparan entre sí.
Operativos conjuntos con autoridades y marcas. Cifras regionales, no solo de Argentina; el informe no indica su fuente. Fuente: Insight LAC, sección 3.2, 2026.
Protocolo de intercambio de información sobre publicaciones sospechosas. Fuente: Infobae, 2026.
Fuente: Insight LAC, sección 3.2, Contrabando: el rol del Estado y de las plataformas de e-commerce, 2026
Los distintos tipos de informalidad e ilegalidad tienen también distintos niveles de trazabilidad y, por ende, desafíos de política pública.
Las certificaciones que condicionan la venta legal de productos, los controles que ya no alcanzan a los envíos courier y los flujos de información que el Estado podría cruzar para detectar uso comercial encubierto.
Indicador PMR de la OCDE
Escala de 0 a 6 que mide el alejamiento de las mejores prácticas internacionales de competencia.
| Argentina2014 y 2016 | 3,11 |
|---|---|
| México2018 | 2,10 |
| Chile2018 | 1,58 |
Argentina ha sostenido históricamente uno de los marcos regulatorios más restrictivos de América Latina en materia de acceso a mercados.
Cinco áreas con certificación o registro obligatorio
La comercialización en el mercado argentino de un conjunto amplio y heterogéneo de categorías de productos exige la acreditación previa ante organismos técnicos especializados cuya intervención es una condición de legalidad y no una mera formalidad.
Seguridad eléctrica
Productos sanitarios
Seguridad de juguetes
Autopartes de seguridad
Equipos de telecomunicaciones
A estas categorías se suman los productos fitosanitarios, agroquímicos y fertilizantes, cuyo registro ante SENASA es condición necesaria para su comercialización.
Qué cambió la Resolución General 5884/2026 de ARCA
Intervenciones de organismos técnicos que antes operaban como controles de ingreso
| Control | Antes | Desde la RG 5884/2026 |
|---|---|---|
| Intervención previa de ANMAT para cosméticos y dispositivos médicos de uso personal | Antes: Se exigía | Desde la RG 5884/2026: Exento |
| Certificados de libre circulación de SENASA para alimentos y suplementos importados por particulares | Antes: Se exigía | Desde la RG 5884/2026: Exento |
| Certificación de seguridad eléctrica para aparatos electrónicos y homologación de repuestos emitida por la Secretaría de Industria y Comercio | Antes: Se exigía | Desde la RG 5884/2026: Exento |
Esta diferenciación podría generar incentivos negativos sobre el régimen general de importación, ya que mientras las exigencias de certificación, homologación y documentación asociadas a la importación formal representen costos significativos, el régimen simplificado de envíos personales podría ser percibido como un canal alternativo con menor carga regulatoria.
En este sentido, la reforma sí incorpora un mecanismo con potencial trazador significativo, ya que se exige una declaración anticipada obligatoria mediante el sistema CDS de la Unión Postal Universal.
De controlar paquetes a identificar patrones
Información que ya existe
Declaración anticipada obligatoria (CDS)
El operador postal debe transmitirla a ARCA antes del arribo físico de la mercadería. La exige la RG 5884/2026.
Datos de ventas que las plataformas ya reportan mensualmente a ARCA
Cruce sistemático dentro de ARCA
Si esos dos flujos de información se cruzan sistemáticamente dentro de ARCA, es posible detectar patrones de inconsistencia entre lo que una persona declara importar para uso personal y lo que luego podría comercializar en una plataforma doméstica.
Lo que faltaEl problema no es la ausencia de datos (que ya existen mediante los regímenes de información y de mecanismos de cooperación puntuales) sino la ausencia de una arquitectura analítica que los vincule.
Qué permitiría
Fuente: Insight LAC, sección 3.3, Contrabando: el rol del Estado y de las plataformas de e-commerce, 2026
Fuente: OCDE, Panorama de las administraciones públicas América Latina y el Caribe 2020, 2020
Fuente: ARCA, Resolución General 5884/2026. Régimen de envíos postales, 2026
El desafío es construir la capacidad institucional para integrarla con los registros aduaneros y tributarios y orientar así el control hacia los operadores y las operaciones de mayor riesgo.
Sobre la base del análisis desarrollado en las secciones anteriores es posible identificar cuatro líneas de política pública que podrían fortalecer la contribución del comercio digital al ecosistema de formalización y transparencia en Argentina, sin generar efectos regresivos sobre la base de vendedores pequeños que hoy accede al canal.
Cada línea responde tres preguntas: qué gana el Estado, qué requiere o qué costos conlleva, y quién la ejecuta.
Línea 1
Uno de los problemas principales frente al comercio irregular es la capacidad de integrar los datos ya existentes. Los regímenes de información vigentes —en particular, la RG 4614/2019 respecto de los sujetos expresamente comprendidos en ella— y determinados esquemas específicos de intercambio, producen flujos de información transaccional que actualmente se procesan de manera fragmentada y no siempre se integran sistemáticamente con los registros de importación disponibles en la Dirección General de Aduanas. Esa fragmentación limita la capacidad del Estado de construir una imagen consolidada del flujo de bienes desde su importación hasta su comercialización final, particularmente en el régimen courier, que combina alto volumen, bajo valor unitario declarado y dificultades de control sistemático. La declaración anticipada con identificador fiscal del destinatario incorporada por la RG 5884/2026 constituye un insumo que, integrado dentro del Estado con la información que este ya recibe de los sujetos obligados por los regímenes aplicables, podría contribuir a detectar inconsistencias entre lo declarado como importación para uso personal y su eventual comercialización posterior.
La recomendación apunta, en consecuencia, a mejorar la interoperabilidad entre los organismos estatales respecto de la información que ya reciben en virtud de los regímenes vigentes. Bajo protocolos comunes de formato, finalidad, periodicidad, seguridad y resguardo de datos, ARCA, la Dirección General de Aduanas y los organismos técnicos competentes podrían integrar la información que ya poseen sobre importadores, vendedores, frecuencia, cantidades y operaciones para construir perfiles de riesgo acumulativos por CUIT, categoría y origen. Esto permitiría pasar del control individual de paquetes a la identificación de patrones de posible uso comercial de regímenes previstos para consumo personal.
Otro problema que se identifica es la exigencia de la anuencia previa del regulador sectorial en algunos regímenes vigentes en América Latina, lo cual opera como condición de liberación aduanera, lo que genera un cuello de botella logístico que se traduce en demoras de entrega, costos de almacenaje y una experiencia negativa para el consumidor, quien en la mayoría de los casos desconoce, al momento de la compra, que existe una etapa regulatoria pendiente; esa fricción termina incentivando canales informales de adquisición que escapan tanto al control técnico del regulador sectorial como al control fiscal de la autoridad tributaria.
Sustituir el control físico previo por una fiscalización electrónica posterior, apoyada en la información que el propio sistema ya genera, resultaría una solución viable. En otras palabras, se trataría de una “declaración jurada” a perfeccionarse con posterioridad al desembarque aduanero, en lugar de operar como condición previa a la liberación de la mercadería. Esta posibilidad no elimina la exigencia de declarar la conformidad del equipo, sino que la desvincula del flujo físico de la mercadería: el registro debe completarse antes del primer uso del producto, pero puede fiscalizarse por medios electrónicos una vez liberada la encomienda, precisamente el tipo de arquitectura que permite construir perfiles de riesgo acumulativos en lugar de intervenir cada envío en frontera.
La propuesta se apoya en antecedentes tal como el régimen “Puerta a Puerta” de Argentina, que habilita una declaración de contenido simplificada y el pago de tributos en línea entre la llegada del producto al país y su entrega final, y las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), que agilizan la liberación de productos de uso personal una vez verificado el cumplimiento de requisitos de rotulado e información, sin controles discrecionales adicionales en frontera.
Condiciones de implementación. En una primera etapa, la interoperabilidad debería limitarse a la integración interna de la información que los organismos estatales ya reciben en virtud de los regímenes vigentes. La información adicional suministrada mediante acuerdos voluntarios de cooperación debería utilizarse exclusivamente para las finalidades expresamente definidas.
Todo requerimiento o intercambio de información debería contar con una base jurídica suficiente y respetar criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Los protocolos deberían identificar los datos estrictamente necesarios, los sujetos autorizados para acceder a ellos, las finalidades permitidas, los plazos de conservación y las medidas de seguridad aplicables. Asimismo, deberían contemplar las capacidades económicas, técnicas y operativas de los distintos intermediarios y establecer salvaguardas para proteger los datos personales, el secreto fiscal, la información comercial confidencial, los secretos comerciales y los derechos de propiedad intelectual.
Los acuerdos voluntarios deberían establecer expresamente su carácter acotado y no constitutivo de nuevas responsabilidades. Cualquier obligación futura más gravosa requeriría una norma específica, una evaluación previa de impacto y criterios generales, objetivos y tecnológicamente neutrales, aplicables en condiciones equivalentes a operadores comparables. Es decir, la capacidad técnica de una plataforma para generar o procesar información no debería considerarse, por sí sola, fundamento suficiente para imponerle nuevas obligaciones jurídicas. De este modo, la cooperación podría fortalecer la gestión estatal del riesgo sin trasladar a los intermediarios privados funciones propias del poder de policía estatal.
Línea 2
Cuatro mecanismos concretos para el conjunto del sistema de certificaciones
Dada la diferencia entre las certificaciones requeridas en el régimen general y en el régimen simplificado vía courier, puede existir un incentivo a utilizar un régimen pensado para consumo personal como vía de abastecimiento comercial. La política no sería endurecer indiscriminadamente el courier ni eliminar todos los requisitos del régimen general, sino alinear los incentivos entre ambos: detectar habitualidad, establecer transiciones automáticas de régimen y evitar que el diferencial regulatorio premie el fraccionamiento. Esta evaluación debe comprender las ventas facilitadas por plataformas del exterior y los posibles desplazamientos hacia canales menos trazables. Para operadores que desempeñen funciones comparables deberían considerarse obligaciones equivalentes, junto con mecanismos viables de cumplimiento transfronterizo y medidas adaptadas a la información efectivamente disponible en cada canal. Por un lado, se propone que resulte gratuito el trámite de la “declaración jurada” para productos de uso personal como un principio que debe extenderse a cualquier procedimiento nuevo que involucre la participación de los marketplaces en la expedición de la homologación, incluso bajo un régimen experimental, dado que, tratándose de productos de bajo valor unitario, cualquier arancel administrativo podría superar el propio valor del producto, tornando inviable la vía formal e incentivando directamente la informalidad; el mismo principio ya opera en los regímenes tarifarios simplificados adoptados por China y Argentina. Por otro lado, se recomienda mantener un criterio de uso personal basado en cantidad y frecuencia compatibles con la finalidad (sin configurar acto de comercio) frente a una alternativa que lo reemplace por un límite de valor atado al régimen de exención tributaria. Como complemento, se propone que la exhibición del código de homologación, cuando esté disponible, para productos de mayor riesgo opere como un mecanismo de doble verificación, aplicable únicamente a la franja de productos que efectivamente amerita seguimiento por parte de la autoridad reguladora.
que elimina la duplicación de ensayos técnicos para productos ya certificados en jurisdicciones con estándares equivalentes.
rompiendo los monopolios institucionales de facto que concentran el trámite en un único actor estatal o profesional y generan cuellos de botella con efectos directos sobre costos y tiempos de acceso al mercado.
Esto no implica eliminar estándares de seguridad, sino identificar cuándo una regulación termina creando barreras de entrada o rentas de exclusividad que alimentan mercados paralelos. Una política complementaria es la eliminación de renovaciones periódicas obligatorias para productos que no tuvieron modificaciones técnicas, lo que impone costos recurrentes sin valor agregado de seguridad. A nivel regional, la asimetría de cargas tributarias y requisitos técnicos entre Argentina y países limítrofes es un factor estructural que ninguna política doméstica puede neutralizar por sí sola. Resulta pertinente, en ese marco, promover instancias de diálogo en el ámbito del Mercosur orientadas a la convergencia progresiva de estándares técnicos y requisitos de certificación para las categorías de productos con mayor incidencia de comercio irregular. Un caso que ilustra esta práctica es la posibilidad de la creación de una nueva categoría para la importación para uso propio: “categoría de bajísimo riesgo” para equipos de telecomunicaciones: en lugar de simplificar el trámite de homologación, se propone eliminarlo por completo para una franja acotada de productos cuyo riesgo de interferencia perjudicial es, en la práctica, insignificante, como ocurre con mouses y teclados de baja potencia. Buena parte de los productos de telecomunicaciones actuales emplea tecnologías de radiofrecuencia maduras y estandarizadas, para las cuales incluso un trámite simplificado de certificación representa una fricción administrativa desproporcionada frente a su nulo aporte a la gestión de riesgo. Existen varios antecedentes, en el derecho comparado, que respaldan esta lógica: la Federal Communications Commission (FCC) estadounidense exime de homologación formal a productos para uso propio y Perú exime de aprobación a determinados dispositivos de baja potencia, mientras que el propio organismo técnico brasileño de metrología (INMETRO) ya reconoce categorías exceptuadas cuando el uso es exclusivamente particular, lo que confirma que este tipo de exención por proporcionalidad no es una idea aislada sino una tendencia regulatoria ya consolidada en distintas jurisdicciones.
Desde la economía institucional, la informalidad y el contrabando pueden explicarse como respuestas racionales de los agentes económicos frente a estructuras de incentivos. Cuando las diferencias de precios derivadas del marco regulatorio superan los costos esperados de operar por canales alternativos, aumenta el atractivo económico de los mercados paralelos. En consecuencia, la existencia de estos circuitos no puede atribuirse exclusivamente a fallas de fiscalización, sino también a los incentivos generados por el propio diseño regulatorio. En este sentido, ninguna estrategia de control será plenamente eficaz si no aborda simultáneamente las condiciones estructurales que inducen a operar por fuera del canal formal. Los procesos de certificación y homologación, cuando son excesivamente onerosos o prolongados, operan como una barrera de entrada que amplía la brecha de precios entre el canal formal y los circuitos alternativos, retroalimentando el incentivo al arbitraje regulatorio. La tendencia reciente hacia la simplificación y el reconocimiento de certificaciones internacionales va en la dirección correcta, pero su implementación es aún fragmentaria.
Línea 3
La evidencia internacional sobre reducción de la informalidad económica en América Latina muestra que los instrumentos más efectivos combinan mejoras de productividad, simplificación normativa, incentivos económicos y una capacidad gradual de fiscalización. En ese marco, ARCA podría desarrollar mecanismos simplificados de asistencia para vendedores que alcanzaran los umbrales de habitualidad, reduciendo el costo administrativo de la primera inscripción y facilitando el acceso a los trámites correspondientes. Las plataformas podrían colaborar voluntariamente mediante la difusión de información general, recordatorios y enlaces a los canales oficiales, cuando ello resultara técnica y operativamente viable.
Esta colaboración no debería comprender tareas de verificación del cumplimiento de los vendedores o monitoreo general de sus operaciones, ni requerir la recopilación o comunicación de información adicional a la exigida por los regímenes aplicables y necesaria para el cumplimiento del fin perseguido.
Línea 4
Una limitación central del debate público argentino sobre comercio electrónico e informalidad es la ausencia de datos oficiales que permitan estimar qué proporción del comercio informal se canaliza hoy a través de plataformas digitales, redes sociales o ferias y cómo esa distribución evoluciona en el tiempo. Sin ese dato, cualquier estimación del impacto de una regulación sobre la formalización es conjetural. La OCDE, la UNCTAD, el FMI y la OMC desarrollaron conjuntamente en 2023 un Manual para la Medición del Comercio Digital que ofrece un marco metodológico estandarizado para que los organismos estadísticos nacionales incorporen el comercio digital a sus cuentas nacionales y encuestas de actividad económica, incluyendo orientaciones específicas para capturar la actividad de plataformas y el canal conversacional. Una línea de política concreta podría consistir en encomendar al INDEC la producción de una estimación anual de la distribución del comercio minorista por canal, siguiendo la metodología del manual conjunto OCDE-UNCTAD-FMI-OMC y utilizando prioritariamente información estadística y administrativa ya disponible. La eventual colaboración de ARCA, la CACE, las plataformas u otros actores privados debería desarrollarse de manera voluntaria y mediante información agregada o anonimizada, bajo criterios de finalidad específica, minimización, confidencialidad y seguridad. Esa colaboración no debería dar acceso general a datos transaccionales individualizados.
| Organismo o actor | Fortalecer la inteligencia aduanera | Redefinir los incentivos que alimentan el contrabando y mercados grises | Acompañamiento a la formalización de vendedores pequeños | Construcción de un sistema de observación permanente del comercio digital y la formalización |
|---|---|---|---|---|
| ARCA | A cargo | En coordinación, cooperación o participación voluntaria | A cargo | En coordinación, cooperación o participación voluntaria |
| Dirección General de Aduanas | A cargo | |||
| Ministerio de Economía | A cargo | |||
| INDEC | A cargo | |||
| ANMAT | En coordinación, cooperación o participación voluntaria | En coordinación, cooperación o participación voluntaria | ||
| ENACOM | En coordinación, cooperación o participación voluntaria | En coordinación, cooperación o participación voluntaria | ||
| Secretaría de Industria y Comercio | En coordinación, cooperación o participación voluntaria | |||
| INTI | En coordinación, cooperación o participación voluntaria | |||
| Ministerio de Capital Humano | En coordinación, cooperación o participación voluntaria | |||
| Plataformas de comercio electrónico | En coordinación, cooperación o participación voluntaria | |||
| Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) | En coordinación, cooperación o participación voluntaria | |||
| Otros actores privados | En coordinación, cooperación o participación voluntaria | |||
| Operadores courier | En coordinación, cooperación o participación voluntaria | |||
| Servicio Postal | En coordinación, cooperación o participación voluntaria | |||
| Operadores logísticos | En coordinación, cooperación o participación voluntaria |
Fuente: Insight LAC, sección 3.4, Contrabando: el rol del Estado y de las plataformas de e-commerce, 2026
El informe es de Insight LAC y se titula «Contrabando: el rol del Estado y de las plataformas de e-commerce». Sus autores son Ana Basco y Paula Garnero, directoras de Insight LAC, y Lautaro Ramirez, asociado de Insight LAC.
De fuentes públicas y sectoriales que el informe cita en cada gráfico y en cada nota al pie: CACE, INDEC, ARCA, UNCTAD, el Banco Central de Chile, Worldpay y ASIPI, entre otras. En este sitio, cada gráfico y cada cifra muestran su fuente.
El anexo metodológico del informe detalla el cálculo: parte del ratio entre el valor bruto de producción y las ventas del sector comercio según los cuadros de oferta y utilización del INDEC, lo aplica a la facturación declarada ante ARCA para estimar las ventas minoristas formales, y computa sobre esa base el cociente con la facturación de comercio electrónico que reporta CACE. El propio informe advierte que el resultado sobreestima la penetración, porque el denominador se construye sobre registros fiscales y deja afuera al comercio informal. Ver la metodología completa
Con el anexo metodológico y la fuente de cada serie. Ver la metodología completa
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